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Que, el artículo 225, numeral 2 de la Constitución de la República, determina que las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, forman parte del sector público.

Que el art. 226 ibídem, dispone: “Las instituciones de Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejerzan solamente las competencias y facultades que se les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y de hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que el art. 238 de la carta magna, prescribe: “constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los consejos regionales”;

Que l art. 227 de la constitución, establece: “La administración publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia,  evaluación”;

Que el art. 152 del COOTAD, dispone que son responsables del fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos descentralizados, el concejo nacional de competencias en coordinación con las entidades asociadas del nivel que respondan;

Que los art. 313, 314 y 315 del COOTAD, regulan el funcionamiento de las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados;

Que el art. 313, inciso primero del COOTAD, dispone que, los gobiernos autónomos descentralizados, en cada nivel de gobierno, tendrán una entidad asociativa de carácter nacional, con personería jurídica, de derecho público y autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio;

Que el art. 313, inciso cuarto del COOTAD, dispone: “las instancias organizativas territoriales creadas de conformidad con los estatutos de las entidades asociativas formaran parte del sector público y serán desconcentradas, de acuerdo con el modelo de gestión previsto en la norma estatutaria”;

Que, la ley orgánica reformatoria al código orgánico de organización territorial autónoma y descentralización, pública en el suplemento del registro oficial N0. 166 del 21 de enero del 2014, modifica la naturaleza jurídica de las instancias organizativas territoriales creadas a partir de los estatutos de las entidades asociativas nacionales, mandamiento que obliga a modificar y/o reformar los estatutos para que guarden armonía con la normativa vigente;

Que, el art. 34 del reglamento general de la ley de modernización del estado, define: “la desconcentración administrativas es el proceso mediante el cual las instancias superiores de un ente u organismo público trasfiere el ejercicio de una o más de su facultades a otra instancia de forma parte del mismo ente u organismo.;

Que el art. 35 del reglamento general de la ley de modernización del estado sobre los procesos de desconcentración, manda: “Cada entidad u organismo del sector público, establecerá un programa de desconcentración de competencias, funciones y responsabilidades a su órganos regionales o provinciales dependientes. Dicho programa contendrá los siguientes aspectos:

  1. a) La reorganización de la entidad, fortaleciendo sus órganos regionales o provinciales dependientes;
  2. b) La redistribución de los recursos humanos, financieros materiales y tecnológicos;
  3. c) La capacitación del recurso humano de los organismos seccionales o provinciales dependientes, a fin de generar la capacitación de gestión; y,
  4. d) La normativa que permita aplicar la desconcentración”;

 






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                                 Ing. Yandry Bazurto

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